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(...)

Los informativos, por ejemplo, hablan de las cosas que pasan en el barrio o que afectan a la gente del barrio, aunque también incluyen una selección y repaso de la información publicada en los periódicos y semanarios (mediante un convenio con los quioscos de la zona los participantes de El Puente pueden disponer copias de las Revista 3, Posdata, Brecha y Mate Amargo [El Hurgador]) o que les llegan, provenientes de agencias de noticias alternativas, mediante internet o correo electrónico.

De la misma manera los programas culturales o deportivos también subrayan los eventos que se realizan en el barrio, de los que participa la gente de la barrio, o que se consideran de interés.

La música —junto a los espacios dedicados a las entrevistas y a la discusión de temas de actualidad— es posiblemente el aspecto de la programación que más diferencia a las radios comunitarias, en la medida que les permite pasar y escuchar la música que no se puede escuchar de ninguna otra manera. “Música que acá no se pasa”, como dice Jorge Lobo de Emisora de Emergencia. No sólo porque no las pasan en las radios comerciales, sino porque comprar los discos o acceder a computadoras (para bajarlos de internet) no son una opción disponible.

Arraigo social

Algunas radios comunitarias, como Emisora de la Villa o El Puente se destacan por su vocación —y capacidad— de arraigo social y de formar redes, no sólo con las otras radios, las organizaciones estudiantiles y organizaciones del barrio (los comedores, la parroquia, las murgas, los grupos de teatro) sino también con los quioscos, con los supermercados del barrio, y hasta con los sindicatos (de taxistas, de ANCAP, etc.) Por ejemplo, gracias a un convenio entre Jumbo y El Puente, el supermercado transmitirá una programa musical de cuatro horas con avisos (El Tejano). Mauricio de los Santos, de La Esquina, también prefiere usar la radio como “un medio de integración barrial”.

Radio Lejano Oeste contempla un proyecto más abarcador, capaz de dirigirse y hablar de Montevideo. Según Doprich, ”si sólo atacás al barrio te quedan pila de barrios más que necesitan hablar que de pronto no tienen gente capacitada para montar una radio” (L. L. ”Más radios ilegales” 1996).

Otras radios tienen un perfil y un enfoque distinto. Radio FEUU, porque está dirigida hacia todos los estudiantes. Radio De Mente porque no le preocupa tanto la gente que los está escuchando. Emisora de Emergencia, parece estar a medio camino pero sin apuro: “con la comunidad todavía no tenemos un vínculo, ni lo pensamos forzar” (L. L. ”Más radios ilegales” 1996).

Publicidad

 Uno de los problemas a que puede llevar la falta de autorización, la situación legal borrosa —y sin resolverse—, los allanamientos, la falta de local propio, y el perfil de radio itinerante, es que se vuelve un tanto más difícil cultivar un contacto más fluido y predecible, tanto con la gente del barrio como con los propios participantes y radioescuchas.

Los cambios de lugar y horas de transmisión, por lo pronto, obliga a desarrollar formas de mantenerse en contacto y comunicarse dichos cambios. Esto es todavía más importante para aquellas radios que buscan que la gente se acerque y poner la radio a disposición de la gente. Otras veces también es preciso comunicar cambios en la programación, o en las propias frecuencias de transmisión.

Respecto a esto, las radios han ideado diversas formas de sortear y resolver estos aspectos logísticos básicos. Uno es no esperar que la gente venga sino ir hacia la gente, “estar en la calle”, colocarse en situación de visibilidad y de disponibilidad. Otra es por la comunicación boca a boca, el teléfono y la vía del contacto personal (más recientemente, el email e internet) una práctica común en la cultura de los jóvenes y adolescentes, y que obviamente funciona entre amigos del liceo, vecinos, compañeros de clase o de trabajo. Además las radios han desarrollado toda una batería de formas de publicidad que incluyen espacios en los periódicos del barrio, cartelería y graffitis (en las avenidas principales, o frente a la parada del ómnibus), panfletos (fotocopiados), volantes, y hasta calcomanías para poner en los taxis, las ventanas, las bicicletas, los termos y las mochilas. Algunas radios, caso de El Puentetienen su propio órgano de prensa (El Hurgador) y sitio web.

Características comunes y principios

A pesar de las diferencias que se pueden hallar en muchos sentidos, se puede decir que casi todas las radios comparten al menos cuatro características. Primero, que aunque las radios sean el resultado de la actividad de grupos pequeños y barriales muy localizados, ello no impide que se proyecten y se imaginen como parte y participante de procesos sociales mayores, llámese Montevideo y sus zonas aledañas, país y región-continente. Segundo, todas pretenden llenar un vacío cultural, y hasta una falta de actividades, de poderes, de posibilidad de expresarse (de hacerse oir) y de sentido, que afecta a la juventud. Tercero, todas las radios evidencian un matiz —un perfil— generacional y contra-cultural, que a veces se manifiesta en el estilo de hacer radio, en la música que se pasa, en los temas (las preocupaciones) que se privilegian, en los enfoques y perspectivas respescto a estos temas, hasta en el lenguaje y la forma de hablar, las actitudes, y que suelen corresponderse con la cultura de los jóvenes y con los tiempos que corren. (En este sentido las radios son otra cifra de nuestra cultura y nuestra contemporaneidad concreta). Por último, todas las radios —o al menos las representadas en la Coordinadora— parecen estar de acuerdo en algunos “principios” básicos: (1) que las radios comunitarias deben ser controladas por la sociedad, (2) que deben facilitar la expresión directa de la gente sin la intermediación de profesionales y especialistas, (3) que deben ser sin fines de lucro, (4) que deben ser de propiedad social, (5) que deben ser gestionadas colectivamente, (6) que deben tener independencia de los partidos, las instituciones religiosas o estatales, (7) que deben expresar la diversidad y la pluralidad, (8) que su programación debe ser igualmente variada, (9) que deben dar espacio a las organizaciones sociales, y (10) que aun en la diversidad constituyen un movimiento (“Principios de la Coordinadora de Radios Comunitarias”, 8 de octubre de 1996, e-mail 16 de octubre de 1996).

VII. Legalidad versus legitimidad

Aunque el usufructo de las ondas radioeléctricas son un patrimonio de la humanidad y la libertad de expresión un derecho cultural, Uruguay continua siendo hoy uno de los pocos países que no autorizan el funcionamiento de radios comunitarias de baja potencia. (Fonseca 1996). Como vimos en el Capítulo 4, dedicado precisamente al manejo del campo de la radio en el Uruguay, los gobiernos post-dictadura han hecho muy poco por cambiar el marco institucional y legal en este sentido, y cuando lo han hecho han tendido a favorecer a gente allegada o amiga (concediendo un sinnúmero de permisos a empresarios con fines primariamente comerciales y de lucro, cuando no con fines políticos y proselitistas), y a los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros.

Por esto, una de las principales razones de la “ilegalidad” de las radios comunitarias es que el gobierna se niega a autorizarlas. Ante tal negativa las radios comunitarias, entones, reivindican sus derechos y su legitimidad. Para ello se apoyan en los derechos de la libertad de asociación, expresión y de prensa garantizados por la Constitución de la República así como en un conjunto de derechos, acuerdos y leyes internacionales firmadas y ratificadas por nuestro país. (El Tejano 1996b)

Los Arts. 18 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, establece que todas las personas tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, incluída la libertad de manifestar sus ideas y creencias, tanto en forma individual como colectiva, tanto en privado como en público.

El Art. 19 de la misma, agrega que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión —y que incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones—, así como el derecho a recibir informaciones y las opiniones de otros, a investigar, y a difundir la información y su propia opinión sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El Art. 27 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que ahonda sobre los derechos culturales, establece que todas las personas tienen derecho a poder acceder y a gozar de todos los instrumentos, bienes y beneficios culturales disponibles en una sociedad y a participar libremente de la vida social y cultural de la comunidad.

El Art. 29 de la Constitución de 1967, que recoge y hace eco del espíritu de la Carta, establece que todos los asuntos relativos a la comunicación de pensamientos e ideas por medio de palabras, escritos, tanto privados como publicados en la prensa o por cualquier otro medio de difusión es una actividad enteramente libre y que no necesita ningún tipo de censura previa, aun cuando los autores sean responsables y puedan ser penalizados ulteriormente en caso de que se compruebe que hubieran incurrido en algún abuso o violación previamente debidamente definida y tipificada por la ley.

El Art. 13 del Documento de la Convención Inter-Americana de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa de 1969 (firmado en aquella oportunidad por nuestro país) especifica que el derecho de la libertad de expresión y de difusión de ideas y de información es un derecho que se puede ejercer en forma oral, escrita, por cuaquier forma de expresión artística, o por cualquier otro medio que uno haya escogido para comunicar. El gobierno uruguayo ratificó este compromiso y lo incorporó como ley del país en marzo de 1985 (Ley 15.737)

Dicho Pacto, según Alberto Pérez Pérez, establece además que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos utilizados en la difusión de información” (párr. 3º). Esta aclaración, lo mismo que la eliminación de otras medidas preventivas, entró en el ordenamiento jurídico uruguayo en la Ley General de Medios de Comunicación de Noviembre de 1989 (Ley 16.099) (El Tejano Nº 38, mayo de 1996, p. 9)

En suma, ‘no existe ninguna posibilidad de que el Estado deba o pueda establecer condiciones previas para el ejercicio de la libertad de expresión y de difusión [...] las limitaciones y las restricciones en el tema de la asignación de permisos y de frecuencias sólo serían atendibles en caso de que existieran problemas técnicos o de interferencia con otras radioemisoras, lo cual no es el caso’ (Pérez Pérez, Gustavo Gómez y Mario Kaplún, citados en Nelson Cesin, “Legitimidad versus legalidad”, Brecha, 3 de mayo de 1996)

Además de apelar a marcos legales superiores y argumentar en favor de su legitimidad, las radios comunitarias subrayan, asimismo, que la legislación uruguaya en materia de comunicación está demasiado ligada a dos períodos ilegítimos. Primeramente, la Ley de Radiofusión de 1928, el Decreto Reglamentario de 1929 y la Ley de Prensa de 1935 fueron un producto de la Dictadura de Terra. Segundo, el Decreto Ley de Junio de 1977 (también llamada Ley de Radiodifusión de 1977), el Decreto de Diciembre de 1978, el Decreto de 1980, y el Decreto Ley de Noviembre de 1984, todos los cuales constituyen la base de la actual legislación, fueron los cuatro elaborados por un gobierno anticonstitucional y totalitario.

Este marco legal fue ratificado durante la primer presidencia de J. Mª. Sanguinetti mediante el Decreto de Julio de 1986 (Pais 1992, p. 10; Fasano en Rama 1992 p. 170) pero su propio gobierno fue el resultado de un proceso electoral viciado (no pudieron presentarse ni Líber Seregni, el líder de la izquierda, ni Wilson Ferreira, el líder del Partido Nacional, sus dos opositores) y su gobierno estaba bajo la tutela de los sectores de las Fuerzas Armadas involucradas en el golpe y la dictadura militar. Por todas estas razones, las radios comunitarias concluyen: “los ilegales son ellos” (El Tejano Nº38, mayo 1996, p. 7-8)

Finalmente, un nuevo matiz de esta cuestión, se argumenta, es que las radios de baja potencia no estaban realmente previstas ni contempladas en la normativa ni en las políticas estatales en materia de comunicación, dado que son un invento y un fenómeno social reciente, pero que deben estarlo y que se debe reservar un fragmento del espectro radioeléctrico para las radios comunitarias (una “tercera forma” de hacer radio), de la misma manera que se destinan una parte de las frecuencias para las radios privadas comerciales y otra parte para la radio pública estatal: “Nuestro barrio necesita su radio de la comunidad [...] en nuestra radio todos tenemos voz” (El Tejano Nº38, mayo 1996, p. 7)

VIII. Los riesgos de hablar en público

Navega, velero mío, sin temor,

que ni enemigo navío,

ni tormenta, ni bonanza

tu rumbo a torcer alcanza,

ni a sujetar tu valor.

Y si caigo ¿qué es la vida?

por perdida ya la di,

cuando el yugodel esclavo,

como un bravo sacudí.

 Desde sus orígenes las radios comunitarias han sido objeto de prohibiciones, amenazas y allanamientos. Tales allanamientos suelen estar disfrazados de “inspecciones”. Pero como las radios comunitarias no están autorizadas, ni tienen permisos, ni están contempladas en la reglamentación vigente, las inspecciones suelen derivar en la clausura y el secuestro de sus equipos, y hasta en la propia detención de las personas que toman parte de estas transmsiones. En el año de 1996 una verdadera ola de operativos policiales derivaron en el allanamiento y la incautación de los equipos de Radio El Puente, Emisora de la Villa, La Teja Libre, FM Alternativa, Radio FEUU, entre otras.41

Usualmente estos operativos son ordenados por el Ministerio de Defensa, firmados por la Dirección Nacional de Comunicaciones y autorizados por un juez.Los allanamientos de junio, por ejemplo, fueron ordenados por el Cnel. Daniel Artecona, firmados por Ernesto Dehl y autorizados por el juez Eduardo Cavalli.42

Además de recurrir a los allanamientos el gobierno y los medios también predisponen a la opinión pública en contra de las radios comunitarias, tergiversando los hechos, y tratando de crear una imagen falsa acerca de la radios comunitarias, su naturaleza y sus motivos. “Hay gente que no quiere discutir con argumentos y se ha empecinado en ponernos adjetivos. Ensuciar la cancha, le decimos en el barrio. Se quiere hacer creer a la gente que somos “subversivos”, “resabios de sistemas perimidos”, y que “no pocos” estamos motivados por nuestro ”descontrol anímico”. Responder a estas palabras de la Sra. Fontaina, Presidenta de ANDEBU, nos llevaría por terrenos que no queremos transitar” (Mensaje de la Coordinadora de Radios de Radio del 8 de octubre de 1996 en respuesta al discurso de la Sra. Fontaina realizado en el encuentro de la Asociación Internacional de Radiodifusión [AIR]).

En setiembre de 1996, el matutino EL PAIS y dos agencias de prensa (AP y DPA) publicaron la noticia —en la primera plana del diario del domingo— de que los Servicios de Inteligencia Militar habían confiscado los equipos de Radio La Intrusa de La Teja, la cual —aparentemente— difundía mensajes del Ejército Zapatista (EZLN) en México. Según la nota, el Ministro de Defensa Raúl Iturria informó que podría tratarse de “acciones terroristas” y planes de “alzamientos armados colectivos”. El allanamiento —agregaba EL PAIS de los Domingos— “permitió descubrir los planes subversivos” y mensajes radiales enviados desde Nicaragua y la Selva Lacandona, “aun no decodificados por los Servicios de Inteligencia Militar”. Parte de los mensajes incluían “canciones con ritmo centroamericano” con instrucciones para la fabricación de explosivos caseros (cóctel molotov) y que según Ernesto Dehl (DNC), aparentemente habrían sido utilizados contra los patrulleros del barrio. (La Jornada, 23 de setiembre de 1996; email 2 de octubre de 1996).

De acuerdo a los vecinos y a otras radios, sin embargo, “La Intrusa era de unos nabos de una radio nueva, onda anarco-punk [...] que había salido hacía poco tiempo [...] que pasaban música de los años 70 en América Central, y una de las canciones contaba cómo se armaba un fusil [...] parece que lo que encontraron fueron tres botellas de keroseno y unas maderas con clavos —el padre del dueño de casa era carpintero [...] unos días más tarde el propio Ministro Iturria salió a aclarar que el ejército no había participado para nada en este allanamiento”. No obstante, este operativo político del gobierno y esta maniobra propagandística de los medios “dañó la imagen del movimiento” y provocó que las otras radios “perdieran terreno en todo sentido, político y a nivel de la gente”. (email 16 de octubre de 1996).

Más recientemente, el 3 de agosto de 2002, el allanamiento y la incautación de los equipos de la radio Quijote FM de Colón, también fue en enmarcado por un discurso oficial destinado “a profundizar un escenario de miedo y desestabilización.” En esta ocasión —que involucró a más de 40 personas entre personal del Servicio de Inteligencia, policías de uniforme, y técnicos”— se acusó a la radio comunitaria de “convocar a participar en saqueos de supermercados”, cuando los testimonios de la gente del barrio advierten que la radio en realidad había trabajado por evitarlos (Samuel Blixen, “Quijote allanado y silenciado”, Brecha 9 de agosto de 2002 p.18).

Aunque perseguidas por la DNC y por la policía, las transmisiones de radios comunitarias en realidad no constituyen un delito. Los operativos por lo general apuntan y terminan en las confiscación de los equipos. A veces son llevados a la seccional, pero nunca quedan detenidos, y mucho menos encarcelados.

En 1997, sin embargo, diversos intereses y lobbies —sobre todo, por parte de los otros medios y sus organizaciones patronales— empezaron a movilizarse y a presionar al gobierno buscando encarcelar a quienes trabajan en las radios comunitarias. El 22 de abril de 1998 la Cámara de Representantes empezó a discutir un proyecto de ley, enviado en julio de 1997, que pide de cuatro meses a cuatro años de prisión —y en algunos casos de hasta diez años de prisión— para aquellos que participen o ayuden directa o indirectamente a las radios comunitarias (por ejemplo, dando dinero, prestando un local o equipos). El presidente de la Cámara de Diputados, Jaime Trobo (Partido Nacional), manifestó que daría prioridad a este proyecto. (“La ley contra las radios”, email de Pulsar del 24 de abril de 1998).

Según otra información, el gobierno remitió ayer al Parlamento un proyecto de ley que explicitamente prohibe y castiga con prisión la utilización de ondas radioeléctricas sin autorización previa. El Senador Jorge Gandini (del Partido Nacional) reclamó el martes la adopción de medidas por parte del Poder Ejecutivo. Tras el planteo del Gandini, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay decidió dejar sin efecto el llamado al Concurso Latinoamericano de Programas de Radios Comunitarias que se había previsto realizar (“Proyecto oficial para prohibir radios piratas”, noticia del 19 de marzo de 1998).

En agosto de 2002 ANDEBU volvió a conducir “una campaña de lucha contra las radios ilegales”.  Al respecto manifestó Carlos Giacosa, secretario de la entidad: “No es intención de ANDEBU crear alarma (...) pero es necesario alertar a la sociedad del riesgo que para la paz social” representan estas radios que funcionan sin autorización. (El Espectador Noticiero del mediodía 12-8-02).

De más está decir, el gobierno también se niega a autorizarlas, aun cuando en 1999 sí encontró razones para autorizar sesenta nuevas radios comerciales. (“Y las ondas son ajenas: Sesenta nuevas emisoras radiales en un año”, Brecha, 9 de julio de 1999).

En efecto, las radios comunitarias no sólo condenaron este proyecto de ley —el más represivo de toda la historia— sino que aprovecharon para volver a recordarles sus derechos, a volver a insistir en que el marco regulatorio debe atender el fenómeno particular de las radios comunitarias (diferentes a las comerciales y a las estatales) y a solicitar autorización.

No todos están de acuerdo en este punto, sin embargo. Algunos, como Adriana Alegría y Néstor Ganduglia de Radio Uyuyuy —la radio experimental del grupo Aportes— piensan que el gobierno no tiene porqué regular este tipo de actividad cultural y que ni siquiera debería tener que solicitarse dicha autorización. Algo de esto se deja entrever también en la pintada que reza: Alternativa F.M. 97.5 Mhz Una radio sin permiso...!! Y de pesad@…!” (Tomado de la tapa del libro de Alfredo Bouissa et al, titulado Las otras radios. Montevideo: Nordan, 1998)

Otros, como Mauricio de los Santos de La Esquina ven la legalización como una forma de poder dejar der ser clandestinos, dejar de sufrir las persecuciones y los allanamientos, que además de ser antidemocráticos, asustan y corren a la gente. No quieren ser ilegales para siempre, y “la prueba está que en nuestra radio nadie se esconde, siempre decimos quiénes somos y dónde estamos”. (L. L. 1996)

Según Jorge Doprich, de Radio Lejano Oeste, “nosotros ya hemos solicitado autorización a la DNC y queremos que se legalice nuestra situación. No sirve esconderse, porque de clandestinos no tenemos nada”.Lejano Oeste también da la dirección de la radio y sus números de teléfono durante las transmisiones (L. L. “Más radios ilegales” Revista 3 16 de agosto de 1996)

En el mismo sentido se expresó Gustavo Gómez de El Puente: “Nuestra emisora no es clandestina. Nunca lo fue, ni tiene vocación de serlo.Necesita estar bien al alnace de la gente para que pueda arrimarse a contar sus historias, sus penas y alegrías, y necesita salir mucho a la calle, huyendo de los lugares oscuros y pequeños de los grandes locutores para ir donde está la gente y ofrecerles el micrófono para que hablen” (email del 14 de junio de 1996 “Persecución de radios”).

En realidad, muchas de las personas que participan en las radios comunitarias suelen aparecer en público —por ejemplo, en los diferentes encuentros y foros—, son entrevistados por la prensa, y se presentan con nombre y apellido asociados de sus respectivas radios y barrios.

El propio “Mensaje de la Coordinadora de Radios” (del 8 de octubre de 1996) dice expresamente “No somos clandestinos. Dicen que nos escondemos y que para eso van a comprar un equipo de no sabemos cuánta plata para rastrearnos[fuentes consultadas hablan de U$ 3.000.000; email del 16 de octubre de 1996] Que quede claro de una vez por todas: no nos interesa escondernos porque estamos convencidos de nuestro derecho a expresarnos.” El comunicado concluye con una lista de los nombres de las nueve radios que participan de la Coordinadora, con el nombre de los responsables ante la Coordinadora y con sus respectivas direccciones.

IX. A la deriva

 La luna en el mar riela,

en la lona gime el viento,

y alza en blando movimiento

olas de plata y azul,

y ve el capitán pirata,

cantando alegre en la popa,

Asia a un lado, al otro Europa

y allá a su frente Estambul.

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad (...)

Si las cuestiones discursivas, simbólicas y estéticas se han vuelto cada vez más importantes en las sociedades contemporáneas, o si es simplemente que recién hemos descubierto su centralidad, en cualquier caso, está claro que el control directo por parte de la ciudadanía de medios e instituciones dedicadas a la producción y la intermediación culturales una condición básica para la construcción de sociedades verdaderamente democráticas.

En efecto, dicho control es lo que permite el acceso a la información (a fuentes de información), a mecanismos más directos y menos mediados de intercomunicación y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en público, todos requisitos imprescindibles para que exista una participación ciudadana real en la esfera pública y en los procesos de toma decisiones —de los que depende el rumbo y el sentido de cualquier sociedad— así como para el desarrollo de la persona humana.

Entonces, si por un lado, como hemos visto, un puñado de corporaciones y grandes grupos económicos controlan e inundan la vida cotidiana y el ambiente cultural, y las personas —el público— se han convertido pricipalmente en receptores, espectadores y consumidores de cultura, por otro lado, diversos sectores y actores sociales ensayan su respuesta cultural echando mano de formas de expresión y de comunicación más antiguas, baratas y "primitivas", como es el caso de la pequeña imprenta (asistida ahora por las computadoras), los graffiti, el arte de los murales, los posters y los carteles publicitarios, el teatro, el video, lo mismo que lo que aquí nos atañe: la radio.

Es cierto que en tanto espectadores, receptores y consumidores nos involucramos en ciertos tipos de actividad y de producción: de selección, interpretación, aplicación, transformación, etc. (Ver, por ejemplo, Stanley Fish, Michel de Certeau, Hans Robert Jauss, Umberto Eco, Carlo Ginzburg, Arjun Appadurai, entre otros). Es decir, enfrentados a determinadas opciones, elegimos. Enfrentados a ciertos textos, enmarcamos, interpretamos, inyectamos y aplicamos un conocimiento previo, “completamos el círculo hermenéutico” y producimos una lectura de un texto, y a larga, nuestro propio texto. De alguna manera, y cuando menos transitoriamente, cerramos la obra abierta. Más aún, en nuestra lectura, inevitablemente reelaboramos y transformamos —hasta de manera radical— aquello que se nos presenta. O sea, en este sentido todos somos co-productores de sentido y de cultura.  Sin embargo, este tipo de producción ligada a la recepción es principalmente reactiva  y demasiado dependiente de un horizonte cultural y de una oferta simbólica sesgada y limitada, elaboradas por otros. Es decir, este tipo de respuesta productiva, aún cuando sea crítica es una forma de aceptación de un determinado horizonte o marco, de un conjunto limitado de medios y formas, de un conjunto limitado de opciones; en suma, es expresión de una falta de poder y de la aceptación subordinada a una hegemonía.  Para acceder a niveles superiores de poder cultural es preciso poder tomar parte en otros tipos de actividad más allá de recibir, elegir y transformar, es preciso poder producir marcos, contextos, horizontes, opciones.

Por lo demás, la ciudad se ha ido agigantando y fracturando, y se han ido agravando las distancias físicas y culturales, y esto ha generado la necesidad de reconstruir comunidades (culturales, barriales, generacionales etc.), de organizar nevos espacios de encuentro, de conectar las partes que conforman la ciudad como conjunto, todo lo cual es una forma de dar nuevos sentidos y de alguna manera dejar de estar a la deriva.

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41 email 14 de junio de 1996 “Persecución de radios comunitarias”; email 17 de junio de 1996 “Allanan radios comunitarias”; Comunicado de Prensa de AMARC-Uruguay del 3 de setiembre de 1996 [email del 2 de octubre de 1996]; Noticia de Servicio de Noticias COMCOSUR del 9 de setiembre [email 2 de octubre de 1996]).

42 Resumen de una nota de Eduardo Barreneche, La República, 16 de junio de 1996, email 17 de junio de 1996 “allanan radios comunitarias”.